La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos señaló que, desde el 2015, del sacerdote Marcelo Pérez era beneficiario de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido al riesgo constante que enfrentaba su vida e integridad personal por su labor en defensa de los derechos humanos en Simojovel y otros lugares de Chiapas.
El asesinato del sacerdote en Chiapas (sureste) es un crimen «absolutamente inaceptable» y debe ser investigado de manera «exhaustiva», demandó este domingo la oficina en México del Alto Comisionado.
“El asesinato del Padre Marcelo es absolutamente inaceptable. Su labor era ampliamente reconocida por los pueblos indígenas en Chiapas, y también a nivel internacional. A pesar de contar con medidas de protección y de las constantes denuncias sobre las agresiones que enfrentaba, éstas resultaron insuficientes para impedir su asesinato”, destacó Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la ONU-DH.
La ONU-DDHH «condena el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, perpetrado esta mañana en San Cristóbal de las Casas (…) e insta a las autoridades a llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva y eficaz», informó en un comunicado.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales advirtieron de manera pública sobre el creciente número de amenazas, agresiones y actos de criminalización en su contra, los cuales se intensificaron en los últimos años debido a su incansable trabajo en favor de la justicia y los derechos de los pueblos indígenas.
De acuerdo a la información que recabó la ONU-DH, el padre y defensor indígena de los derechos humanos fue atacado tras oficiar una misa en el Barrio de Cuxtilali, municipio de San Cristóbal de las Casas, cuando sujetos en motocicleta dispararon repetidamente contra su vehículo. Las autoridades de Chiapas confirmaron que perdió la vida de inmediato.
“El Padre Marcelo era un referente en la búsqueda de la paz, la verdad y la justicia para Chiapas; su pérdida es irreparable y nos reitera la necesidad de implementar medidas estructurales que cambien el contexto de violencia que sufren algunas regiones de Chiapas”, externó el organismo internacional.
En breves declaraciones a periodistas, la presidenta mexicana Claudia Sheibaum aseguró que su gobierno ya abrió una investigación y que está en contacto con autoridades de la Iglesia católica.
