De acuerdo con fuentes del alto tribunal, entre los ministros se cuestionó que el proyecto no considera gastos y ajustes presupuestales que deriven de la reforma judicial, como la eliminación de los fideicomisos y ajustes de sueldos de los altos funcionarios para que no excedan al de la persona titular de la Presidencia de la República. De manera contraria, contempla un incremento por la inflación.
“Se prevén recursos para: un ajuste a las remuneraciones para contrarrestar el efecto inflacionario, en caso de ser autorizado, en su oportunidad, por las instancias competentes; pago de la totalidad de las pensiones complementarias, apoyos médicos extraordinarios y otras obligaciones de carácter laboral, en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables; contratación de personal por honorarios asimilados a salarios para reforzar labores sustantivas cuando sea requerido. No se prevén recursos para creación de plazas”, señala.
En ese sentido, se cuestionó que la propuesta de Piña no acate medidas obligadas en la Ley Federal de Austeridad Republicana porque mantiene asignaciones millonarias para el pago de seguros privados como el de gastos médicos mayores (132 millones 825 mil pesos) y el de separación individualizada (204 millones 988 mil 949 pesos), entre otros.
La ministra Piña se comprometió a reelaborar su propuesta y presentar una nueva el próximo martes.