Madres y padres usuarios de la guardería “Mi Mundo de Colores” conformaron un frente común para exigir a diversas instituciones públicas actuar desde distintas dependencias en solución a las denuncias de abuso y maltrato sufrido por niñas y niños presuntamente al interior de la estancia.
Ayer, en rueda de prensa, Alberto González, padre, y una madre que solicitó reservar su información por recomendación legal, expusieron cuatro puntos y un posicionamiento por las afectaciones a las víctimas y sus familias.González indicó que buscan investigación y sanción inmediata, coordinación efectiva para la revisión de guarderías y protección de infancias, y protocolos estrictos de selección de personal además de medidas de reparación para las víctimas directas e indirectas.
Por su parte, la madre comentó que lo ocurrido “no es sólo un caso más, no se trata de un incidente aislado ni de un simple fallo administrativo, es el reflejo de un sistema que ha fallado en lo más básico: la protección de la infancia”.
Y continuó: “Vivimos con una angustia insoportable. ¿Cómo se repara el miedo con el que ahora despiertan nuestras hijas e hijos? ¿Cómo se borra de sus recuerdos el abuso, el maltrato y la traición de quienes debían protegerlos?“Esta herida no sólo marca a nuestras hijas e hijos, sino que también nos ha arrebatado la paz a todas las familias afectadas; nos dejó con la incertidumbre de en quién confiar, con la desesperación de no saber si algún día podrán sanar completamente. (…) Pero el dolor no nos paraliza; nos llena de indignación y nos mueve a exigir justicia”, finalizó.
El pasado sábado la guardería, ubicada en la calle Camino Viejo a San José, fue suspendida de manera temporal luego del inicio de una causa penal por violación agravada en perjuicio de una persona menor de edad. Una asistente educativa de nombre Rosa V. G., de 22 años, fue detenida mediante orden de aprehensión el 3 de marzo y sometida a audiencia judicial.
La Fiscalía de la Mujer informó que fueron abiertas al menos 19 carpetas de investigación que implican la posible participación de varias personas por diversos delitos de orden sexual y maltrato infantil, así como violencia familiar.González detalló ayer que entre sus exigencias están el que el IMSS asuma su responsabilidad por “las fallas en la supervisión de la guardería”; que el Gobierno del Chihuahua y el Gobierno de Juárez “asuman su papel en la supervisión” de estos espacios; los filtros estrictos y capacitación continua en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes a quienes laboran en estos lugares y mecanismos de supervisión permanentes “que garanticen que ningún otro niño o niña vuelva a sufrir violencia”.
Además, anunció que acudirán a la oficina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Juárez para realizar la denuncia por hechos violatorios de garantías constitucionales.“Existe el antecedente de Techo Comunitario y otros tantos desde 2012, teniendo en común que son instancias subrogadas por el IMSS. (…) Queremos (…) que ayuden a nuestras hijas e hijos a recuperar su infancia y a nuestras familias a recuperar la paz”, agregó.
