Al menos dos veces, desde el 2019, concesionarios del transporte público, han evitado programas para la modernización de sus unidades en esta frontera, evadiendo plazos y revisiones impuestos por la autoridad estatal.
Actualmente, son más de tres mil los camiones que dan servicio de transporte público que lo hacen fuera de la ley, con autobuses fuera del año modelo y sin papeles, reconocieron concesionarios.
En abril del 2019, el Gobierno del Estado publicó un decreto para modernizar el transporte público en el Periódico Oficial del Estado que obligaba a los concesionarios a renovar todas aquellas unidades cuyos modelos fueran mayores a 10 años de antigüedad. El programa indicaba que a partir de mayo de ese año los transportistas tenían un período de seis meses para renovarse.
Sin embargo, para diciembre de ese año, ya con el plazo vencido, el entonces representante del gobernador en Juárez, Mario Dena, reconoció que “definitivamente hay problemas” en las condiciones de las unidades que prestan el servicio. La intención era que a partir de enero de 2020 todos los camiones de transporte público debieran ser de modelo 2010 en adelante.
La modernización de las unidades de transporte público nunca se concretó.
Luego, en julio del 2022 la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua fue reformada para dejar estipulado que los camiones que ofrecen el servicio público de transporte deben tener una antigüedad máxima de 10 años.
En abril del 2023 el Gobierno del Estado pactó con los concesionarios de transporte que iniciaría la modernización a cambio de un aumento de ocho a 12 pesos el costo del pasaje por persona, con la condición de que en los primeros tres meses los transportistas debían actualizar sus vehículos.
El 6 de abril, en sesión del Consejo Consultivo de Transporte se acordó la actualización de la tarifa del transporte público. A cambio, los concesionarios se comprometieron a la modernización de las unidades, las cuales deben estar dentro del marco legal que exige una antigüedad no mayor a 10 años, así como equipar los camiones con dispositivos GPS.
En julio del 2023 terminó el plazo de 90 días para modernizar unidades y tampoco se cumplió el remplazo de las unidades por otras más nuevas.
Para el 27 de octubre de ese mismo año, la modernización del transporte público no tenía plazo fatal de cumplimiento en Juárez, afirmó la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, a más de seis meses de que subió el costo del transporte colectivo y semimasivo a cambio de unidades con máximo de 10 años de antigüedad.
En tanto, el lunes pasado la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Dirección de Transporte Zona Norte, inició un operativo de revisión de unidades del transporte público, como parte del proceso de modernización y verificación.
Un día después de los operativos de la Subsecretaría de Transporte estatal en los que fueron decomisadas ocho ruteras que operaban de manera irregular, transportistas de las líneas 1-A Express, Universitaria y 2 Lázaro ofrecieron el servicio con menos camiones, en protesta por las incautaciones, dejando a decenas de usuarios sin traslado a sus trabajos y escuelas.
Alberto Holguín, concesionario de la ruta 2 Lázaro, dijo que esperan un diálogo con el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, “para que sepa la realidad que está sucediendo en Juárez”.
Agregó que pedirán por escrito, tanto a ese funcionario como a la gobernadora Maru Campos, otro plazo para la modernización de las unidades, esta vez de 14 meses para renovar sus flotillas.
De acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 241 mil fronterizos usan los camiones urbanos diariamente para trasladarse por la ciudad.
