México rechazó el informe de la OEA sobre la elección judicial y acusó injerencia; afirma que la misión excedió su mandato y violó principios de soberanía.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de la Misión Permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó su rechazo al Informe Preliminar de la Elección Judicial realizado por el organismo internacional.
En dicho informe, la OEA estimó que la baja participación de la ciudadanía en las urnas y la injerencia de partidos políticos para promover candidatos a jueces, a través de “acordeones”, le restaron legitimidad al proceso.
OEA llamó a países a no replicar el modelo de elección judicial de México
En el documento, la OEA expresó su preocupación por la posibilidad de que los jueces elegidos carezcan de “autonomía e independencia” del Poder Ejecutivo, y llamó a los países del continente a no replicar el modelo de elección judicial de México.
Ante ello, la cancillería mexicana, mediante una nota diplomática dirigida al secretario general de la organización, Albert Ramdin, expresó su firme rechazo a algunas recomendaciones contenidas en el informe preliminar de los observadores enviados para la elección del Poder Judicial el pasado 1 de junio.
México acusa injerencia
En dicha nota se deja constancia de que la Misión de Observación Electoral de la OEA rebasó el mandato de la misma e incurrió en acciones contrarias a los principios de la Carta de la Organización, en particular contraviniendo el Artículo 3 (e) que señala: “todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, ya organizarse en la forma que más le convenga”.
La SRE agregó que una Misión de Observación Electoral no cuenta con la facultad para tratar de imponer sus propios criterios sobre la forma en que los países, en uso de su soberanía, deben conformar su poder judicial; menos aún, de emisión juicios de valor que rebasan sus atribuciones.
Como lo señala el propio informe de la OEA, dice la Cancillería Mexicana, la organización del proceso electoral y la celebración de los comicios del 1 de junio, se apegaron estrictamente a las normas constitucionales y leyes electorales vigentes en nuestro país.
